La ley de las propinas

El año pasado el reconocido chef peruano y presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), Gastón Acurio, demandó un mayor control del Estado hacia los restaurantes, ya que, cobraban el servicio de propinas y no era repartido entre los trabajadores.

Esta semana el Congreso decidió llevar al pleno la aprobación del proyecto de Ley 4730-2010 CR. Fue presentado el 11 de marzo de este año y su objeto es básicamente restituir de manera general y obligatoria el recargo al consumo para todos los trabajadores que laboran en restaurantes, bares, hoteles y establecimientos similares.

La propuesta, denominada “Ley de recargos al consumo”, implica el recargo obligatorio del 10% a la cuenta en el tipo de establecimientos mencionados, el cual será a favor de los trabajadores, bajo el concepto de propinas.

La disposición anterior

La actual Ley 25988, propone un recargo al consumo de manera opcional dependiendo del establecimiento, y va desde el 1 al 13%.

Jorge del Castillo, el congresista que propuso el nuevo proyecto, precisó en un programa radial que “es el mismo 10% que se viene pagando. Nada más que ahora queremos que sea una obligatoriedad legal”.

Lo beneficioso de este nuevo proyecto sería que los trabajadores tendrían un porcentaje seguro de las propinas y este llegaría de forma efectiva a sus manos.

Sin embargo, la real situación parece ser más compleja de lo que cree el congresista Del Castillo. No es tan fácil volver obligatorio un pago que antes era voluntario y pretender asegurar “que es el mismo”.

Las posibles consecuencias

Las críticas por parte de los dirigentes del sector no se hicieron esperar. Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), se pronunció y dijo que esta medida de carácter obligatorio afectará a más de 12.000 hoteles y más de 72.000 restaurantes a nivel nacional. Por lo anterior, muchas personas dejarían de ir a estos establecimientos para evitar el nuevo cargo adicional.

Dijo que incluso la nueva propuesta, también llamada “ley de propinas”, podría limitar la creación de nuevos establecimientos en este rubro. “Con el aumento de los costos la demanda se reduciría y lo mismo le sucedería al mercado de trabajo”, señaló.

Así también, las más afectadas, según Canales, serían las pequeñas y medianas empresas ya que al elevar sus costos en un 10%, la mayoría podría salir del mercado. Los clientes de bajos recursos a los que se dirigen no soportarían este incremento en la tarifa de los locales en los que suelen consumir.

En nuestro país el mayor número de empresas pertenece al rubro de la Mypes y Pymes, por lo que hace falta examinar los reales alcances, en cuanto a beneficios y daños que puede ocasionar una ley de estas características. El mayor porcentaje de ingreso se lo llevan las grandes empresas y dejan un pequeño margen económico al resto de establecimientos que compiten en el mismo rubro.

La ley y la informalidad

Para Gastón Acurio, la mayoría de restaurantes sí reparten el 10% que se recarga a la cuenta de los clientes. Sin embargo, quienes no lo hacen le están robando al Estado por llevarse ese porcentaje libre de impuestos.

“La labor necesaria es de fiscalización de esos restaurantes. Los trabajadores ven cómo ante sus propias narices cobran por los servicios pero esto no es repartido. Hay que saber qué empresas son esas”, señaló.

La nueva ley propone la obligación a los establecimientos a llevar un registro especial, en donde se consigne el monto recibido por concepto de recargo; y así, poder ser distribuido a los trabajadores conforme a ley.

Sin embargo, para el presidente de Canatur, la ley solo aumentaría la informalidad en las empresas. “Lo más probable es que al tratar de evitar encarecer las tarifas, los establecimientos decidan dejar de emitir boletas o facturas”, apuntó.

Es cierto que en el Perú existe mucha informalidad y antes de tratar de proponer un pago obligatorio, primero debemos conocer bien cuál es la realidad de la economía en este sector y, además, asegurarnos que la fiscalización este funcionando.

Este es uno de los grandes retos del nuevo gobierno, para luego apuntar hacia leyes que pretendan poner más controles, que no aumenten la informalidad ni acaben con relaciones laborales en las que el empleador decida no poner en planilla a sus trabajadores para evitar pagar impuestos que a la larga acabarían con su negocio.