Cultura en riesgo

Después del narcotráfico, el mayor comercio ilegal en el Perú es el de bienes culturales. El florecimiento del mercado del Arte, además de la pobreza y los conflictos sociales, han repercutido en el crecimiento del huaqueo en el interior del país y la venta de bienes en el extranjero.

La recuperación de algunas piezas nacionales que estuvieron en Yale por casi cien años ha puesto en la palestra el tema de la protección de los bienes culturales nacionales. Es conocido por todos que el huaqueo es un oficio lucrativo, sobre todo para los mediadores entre los huaqueros y los compradores en el mercado negro.

Si bien la pena por estos delitos va de tres a 8 años de cárcel, nada hace que este problema cese. Y es que es difícil exigir respeto por nuestra historia, cuando el propio Estado promueve la violación de nuestro patrimonio.

La ley

La Constitución Política del Perú en su Artículo 21 señala que los bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, es decir están protegidos por el Estado.

Además es protegido con la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación 28296 (Julio 2004) y su correspondiente reglamento (1 junio 2006) que establece el registro y protección de los bienes muebles e inmuebles por parte del Estado y de los propietarios privados. También con tratados internacionales como el formado con UNESCO (Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural).

Pero esta Ley fue modificada en el 2008, validada por el Presidente Alan García y varios de sus ministros, para favorecer la ejecución de obras públicas. A partir de ese momento, se excluyó la aprobación del Instituto Nacional de Cultura para autorizar edificaciones nuevas o remodelaciones que involucren al patrimonio nacional.

Es decir, si alguien quiere construir una carretera en medio de las líneas de Nazca (en realidad la Panamericana Sur corta la cola del Lagarto) puede ejecutar la obra. Entonces, ¿qué protección existe? El propio Estado está vulnerando la constitución política y también las obligaciones contraídas ante UNESCO.

Los bienes de nuestra cultura son de carácter no renovable y esta característica los hace excepcionales. Al momento de legislar sobre ellos, es necesario considerar su singularidad. Si la carta magna y las leyes entregan su protección a instituciones especializadas y técnicas como el INC, ¿por qué el Estado minimiza su labor?

Es cierto que los problemas culturales no son, en un país como el nuestro, algo urgente que resolver. La pobreza, los conflictos sociales, la educación son puntos que aún no tienen solución y no habrá mayores avances en otros niveles mientras no se resuelvan estas dificultades.

El Perú necesita sin lugar a dudas más obras sociales. Pero necesita también amarse a sí mismo, respetando su historia. Es responsabilidad del Estado proteger los bienes con leyes mejor reglamentadas y sin beneficios a terceros.