Casi preso siendo inocente

El Poder Judicial comete errores que pueden cambiar drásticamente la vida de los ciudadanos.

En nuestro país la justicia es un sistema desarticulado que luego del gobierno de Fujimori recién empieza a reestructurarse. Las deficiencias se ven cuando aparecen casos como el de Máximo Auqui Gómez de 49 años. Un cobrador de combi que reside hace más de 30 años en el distrito de San Juan de Miraflores que fue acusado por tráfico ilícito de drogas.

En los cargos se afirma que él habría instigado a la población de Sivia, Huanta, Ayacucho, para defender a un grupo de narcotraficantes el 30 de enero del 2009 durante una intervención policial. El fiscal encontró cuatro no habidos de sobrenombres “Maxi” o “Ñato”, “Ojón”, “Negro” y “Trapo”, por lo que asumió que Máximo Auqui Gómez era “Maxi”.

Y tras esa deducción el Juzgado Especializado en lo Penal de la ciudad de Kimbiri, Ayacucho pidió su detención, la cual se considera arbitraria debido a que la única prueba del fiscal es la identificación en Reniec.

Una gran confusión

Según las propias investigaciones de la policía, la persona que se está buscando es Máximo Gómez Quispe, que vive en Ayacucho. Según las pistas encontradas es también físicamente diferente a Máximo Auqui Gomez.

El real culpable mide 1,77 metros de altura, es de contextura gruesa y tiene 30 años de edad con una quemadura en el brazo izquierdo. Y el ex detenido mide 1,61 metros de altura, tiene 49 años no usa ningún apodo o apelativo y asegura que el día de los hechos se encontraba en Lima celebrando el cumpleaños de su hermano.

Máximo Auqui Gómez fue detenido el 10 de febrero de 2011 y apresado en la carceleta de Requisitorias de Lima. Sin embargo, al ser entrevistado en la División de Requisitorias de la Policía dijo no haber cometido delito alguno y que no conoce Sivia ni ha vivido allá.

Una aparente solución

El caso de Máximo Auqui costó paciencia y desesperación. El 21 de febrero se consiguió la liberación por una acción habeas corpus. Esta medida fue admitida por el 23º Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, donde se señala un delito distinto –lesiones leves, daño agravado y encubrimiento personal- y se aclara la diferencia física entre el acusado y el detenido. Incluso con esta aclaración el proceso por tráfico ilícito de drogas siguió en pie.

La jefa del programa de Derechos Humanos en Dependencias Policiales, Imelda Tumialán, representante de la Defensoría del Pueblo, quien aclaró varios aspectos, con lo que se cambió el mandato de detención por el de comparecencia. Esto se reforzó con los testimonios de los testigos que no reconocieron a Máximo Auqui Gómez como implicado en hechos delictivos.

En casos como este se nota la necesidad de un refuerzo del sistema judicial en nuestro país. Casos como este no deben seguir si curso y menos aún sin sanciones a tiempo. Más aún para evitarlos se debe exigir una implementación obligada a los investigadores de una verificación más amplia de los datos sobre los posibles culpables. Así se dejaría de perjudicar a la persona, la familia que depende de ella y a la sociedad de la cual esta persona es parte.

No olvidemos que el Ministerio Público y el Poder Judicial han dado normas reglamentarias que exigen que no solo se valide la información de las personas con datos de la Reniec.

Si bien la PNP y los juagados tienen acceso a Reniec, este no debe ser el único recurso para la identificación de sospechosos. Debe haber un trabajo conjunto con la PNP y la fiscalía para la comprobación de datos.

No es posible que personas inocentes tengan marcado su expediente por falta de orden y rigurosidad en la metodología en los procesos que llegan a ocasionar estas detenciones arbitrarias.