Víctimas de una violación sexual

EN BUSCA DE JUSTICIA

Los procesos prejudiciales: una larga espera

Los interminables casos de violencia sexual en el Perú no solo figuran en miles de papeles del Poder Judicial, sino también en hojas testimoniales que maneja la Fiscalía y la Policía, una rigurosa de investigación que es necesaria antes de comenzar un proceso judicial. Violaciones que deben contar con pruebas suficientemente fuertes para enviar a un violador a la cárcel. Es que, en nuestro país los procesos prejudiciales y judiciales se han convertido en una verdadera batalla marcada claramente por el tiempo.

El último informe emitido por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social ( MINDES) revelo que entre los primeros meses de este año, 2011, se reportaron unos 897 menores de 17 años. Un estudio del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual indica que la mayoría de víctimasfue de sexo femenino (787) y el resto, masculino (110). Los menores de 12 a 17 años son los más vulnerables a este tipo de agresiones.

Elizabeth C.C., (12 ) , es una niña que no entiende que pasó aquella tarde cuando su primo se acercó demasiado , comenzó a tocarla y finalmente acabo con su inocencia.
Sus ojos a su corta edad reflejan el dolor que solo un ser inocente no puede entender bien: Ser ultrajada sexualmente. Vive en el pueblo joven Ciudad de Dios, Cono Norte, Arequipa. Las áridas calles por las que camina le recuerdan cuantas veces ha ido y venido de la Fiscalía, cuantas veces ha contado haber sido violada.

Elizabeth a diferencia de muchos casos, ha decido armarse de valor y denunciar a quien le quito lo más sagrado de una mujer. Ella y su madre, la señora Julia, están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias, exigir a la justicia la pena máxima para el violador: cadena perpetua.

“Lo que le hicieron a mi hija no quedara en el aire” dice Julia, a ella le quedó claro, desde el inicio, seguir el proceso hasta llegar al poder judicial, desde aquella vez que encontró sentada en el suelo a su hija, llorando, su corazón presentía lo que había sucedido, no hizo falta preguntar qué paso, sino quien fue el desgraciado.

Largo camino

Desde ese día sus vidas jamás fueron las mismas. Comenzó una dura batalla, a fin de sentenciar al supuesto primo que la violo, Teodoro Chuctaya. La comisaria de Ciudad de Dios fue su primera parada, declarar, repetir cada suceso frente a todos los policías ponía nerviosa a Elizabeth. Su madre le había dicho que no se equivocara, que dijese toda la verdad, ella sentía que todos la miraban, pero debía continuar. Ahora venía lo más difícil, ir al médico legista y sentir que otra vez la tocaban.

Según la psicologa Lucia Perez, la falta de un protocolo de actuación por parte de la Policía Nacional que indique como tratar estos casos; los prejuicios a que son sometidas las víctimas, las demoras en la investigación, hacen más gravosa la situación de las víctimas.

Así también la poca de experticia de los agentes del Instituto de Medicina Legal, en cuanto al tratamiento de estos casos y las características especiales que una víctima de este tipo necesita, así como también la falta de infraestructura de esta misma Institución causan una mala experiencia más en las víctimas.

Después de aquel suceso, fue una buena noticia para Julia escuchar a los policías decir que irían en ese mismo instante a buscar al supuesto ultrajador. Como era sabido no lo encontraron. Pasaron dos meses entre ir y venir de la comisaria, casi perseguir al oficial a cargo de la queja. Para su buena suerte, como muchos lo llamarían, su denuncia fue derivada a la Tercera Fiscalía de la Familia de Arequipa. Así que el proceso continuaba.

La ley, la Ley nº 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, no establece una sanción para la demora en el pronunciamiento en caso de falta de información del delito, no obliga a la Policía a emitir un pronunciamiento y mucho menos regula el archivamiento. Falta de regulación que, sin duda, tiene una incidencia negativa durante la investigación.

Ya en la Fiscalía, luego de haber leído el atestado y con todas las pruebas acopiadas por la Policía, el Fiscal decidirá desechar la denuncia o promover un proceso sin haber conocido necesariamente a la agraviada, y en atención a las conclusiones a que haya llegado la policía en su investigación.

Esta pudo ser sesgada prejuiciosamente, que el Fiscal no tuvo ocasión de regular porque no intervino desde un inicio. Elizabeth y su madre, a pesar de los tres meses transcurridos desde que su caso llego a la Fiscalía, aún esperan una respuesta.

Para la ONG Amnistia Internacional el rol del Fiscal en el proceso penal es determinante y el más representativo de la etapa prejudicial, este es el que legitimará todos los actos realizados por la policía, y los demás tendientes al esclarecimiento del delito. Es el titular de la acción penal y dependerá específicamente de su investidura, el promover o no promover una acción penal.

Finales injustos

Han pasado cuatro meses entre ir y venir de un lugar a otro, pero el proceso aún no es judicial. La señora Julia es una mujer que pasa la mayor parte del día en la chacra, allí trabaja, sin embargo, eso no significa que en su mente no exista la búsqueda de la justicia, aquella que sancione al ultrajador de su niña. Sin duda , esta es la misma realidad que viven miles de hombres del Perú.

El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad (Renadespple) arrojan que solo 651 acusados de violación a menores fueron detenidos en 2010. Peor aún, según los registros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), solo 29 violadores han recibido la pena de cadena perpetua
en los últimos 12 años.

Como Julia miles de mujeres se preguntan si valió la pena iniciar el proceso, denunciar el delito del cual su hija había sido protagonista. ¿Sentenciarian al culpable? El tiempo lo diría.

La ONG Amnistía Internacional concluye que la extrema burocracia origina que no todas las pruebas pertinentes puedan ser recabadas oportunamente y que ocasiona un perjuicio mayor en el sentido de que las pruebas serán la base de una ulterior denuncia ante los tribunales por parte del Fiscal, siendo que si estas son insuficientes o poco eficaces, podrían determinar la impunidad de los presuntos culpables del delito; y darán como resultado un largo proceso con un final casi común: el violador sigue libre.