Empresas petroleras y mineras se apoderan de la Amazonía

CUANDO LA ECONOMÍA ESTÁ POR ENCIMA DE LA ECOLOGÍA

Más del 86% de la selva peruana está concesionada

El público no podía creerlo, las palabras del Coordinador Regional para América Latina del Renueve Watch Institute, Carlos Monge, refería la devastación de la selva peruana, “El 86% de la Amazonía está concesionada”.

“Estas adjudicaciones otorgan permisos para la exploración y explotación de la selva a empresas privadas y nacionales, en rubros de minería y petróleo” señalo. Sus declaraciones hicieron eco durante el Seminario de la Tierra, desarrollado en la Universidad Católica.

El Perú, posee el más rico y megadiverso de los ecosistemas del mundo, pero también es uno de los países menos desarrollados.

En los últimos años, la búsqueda del crecimiento económico ha llevado al Estado a incentivar de manera permanente la inversión privada. Entidades como, Proinversión , Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y la Agencia de Fomento de Inversión Privada en la Amazonía, instalada el pasado 12 de abril, confirman lo que varias organizaciones ambientalistas denuncian: a toda costa, se quiere vender la Amazonia.

Entre 2002 y junio de 2008, el porcentaje del territorio de Amazonas (norte), San Martín (centro) y Madre de Dios (oriente) concedido a las mineras se cuadruplicó, pasando de 4,65 por ciento a 17,35 por ciento, según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.

La empresa privada tiene importantes inversiones en sectores como hidrocarburos, hidroeléctrica, infraestructura, forestal. Hasta el año 2008 más del 70% de la amazonia estaba concesionada.

Desde el gobierno de Alan García y parte de la gestión de Alejandro Toledo, las concesiones en la selva se han incrementado de manera alarmante.

“Las principales operadoras son pequeñas empresas canadienses que exploran para luego negociar sus hallazgos de metales preciosos con compañías trasnacionales mayores, dedicadas a la explotación”, dijo la ONG CooperAcción.

Este año, a punto de culminar su mandato, el gobierno del presidente Alan García presentó tres nuevos lotes de hidrocarburos, ubicados en las provincias de Tahuamanu y Tambopata, en la región de Madre de Dios.

Los tres lotes petroleros forman parte del paquete de veintidós lotes que se piensa abrir en concurso público en los próximos años en toda la región amazónica del Perú, y que se añaden a los ya existentes. En los próximos años toda la amazonia estará concesionada.

Por su parte, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) dijo lo siguiente: "Ya no permitiremos más concesiones petroleras ni mineras en los territorios indígenas"

UNA LEY QUE SE QUEDÓ EN STAND BY

En el año 2008, el enfrentamiento entre pobladores y policías en Bagua tuvo resultados fatales. Estos pedían la derogatoria de los decretos legislativos 1080 y 1089, finalmente los decretos caducaron.

Desde ese momento se inició un largo debate: los pueblos indígenas debían o no ser consultados antes del inicio de proyectos en sus tierras.

“De acuerdo al Convenio 169, los pueblos indígenas anteceden a la conformación del Estado y por lo tanto deben ser consultados. Pero aquí se hace lo contrario, vulnerando nuestros derechos consagrados”, dijo el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Alberto Pizango.

Ese mismo año, el Congreso aprobó la Ley Marco de Consulta a los Pueblos Indigenas, la misma que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, el documento fue observado y devuelto. Hasta el momento esta ley sigue en el olvido. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha enviado nueve exhortaciones al Congreso.

“Hemos pedido al Congreso que no olvide esta ley. La última llamada de atención fue hace una semana. Pero, hasta el momento no hay respuesta” dijo Ivan Lanegra, adjunto de Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Además, señalo que los mayores problemas en el Perú son socioambientales. Del total de conflictos registrados en el mes de abril, 119 pertenecen a este rubro.

¿ÁREA PROTEGIDA O CONSESIONADA?

Contra lo que se piensa, no todas las áreas naturales protegidas (ANP) están blindadas contra la extracción de recursos naturales como el petróleo.

El Perú tiene, según datos de fines de 2010, 71 áreas naturales protegidas, administradas principalmente por el Estado, 57 con categoría definitiva y 14 transitorias, no obligadas por tanto a tener planes maestros hasta que se defina su situación. De las áreas confirmadas, que sí deben contar con esa planificación, 20 no la tienen.

En algunos, como la Reserva Nacional Pacaya Samiria, su extracción es legal, la reserva se superpone con un gran lote que todavía no ha sido entregado en concesión, pero si una pequeña área de la reserva. Solo las ANP que pertenecen a las categorías más estrictas, como los parques nacionales, están protegidas de todo tipo de alteración.

Según el informe de la ONG Derechos Ambiente y Recursos Naturales (DAR), hay cerca de 60 concesiones petroleras, 15 de ellas aprobadas de manera irregular, superponiéndose a 12 áreas protegidas en 10 regiones del país. Entre ellas aparece la zona reservada Santiago Comaina, de Amazonas.

Pese a que el Servicio Nacional de Áreas protegidas por el Estado, (Sernanp), debía ser consultado antes de autorizar allí una actividad económica, el Ministerio de Energía y Minas expidió permisos de exploración petrolera, interpretando que la consulta debe hacerse sólo antes de la explotación.

Las inversiones privadas, y en menor medida las públicas, no solo se han superpuesto sobre los derechos indígenas, sino también sobre los derechos de todos los peruanos: cuidar nuestras áreas nacionales protegidas.

De momento, cinco de los 25 gobiernos regionales tienen competencias para otorgar concesiones forestales. San Martín fue el primero que ejerció ese derecho y optó por proyectos de conservación no maderables.

Autoridades y habitantes de San Martín lideraron una batalla legal que marcó un hito. En 2009, el Tribunal Constitucional admitió una acción de amparo para proteger el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera que había sido otorgada a la explotación petrolera. Es el único fallo del Estado donde se prioriza la vida por encima de la inversión privada.


LAS CONSECUENCIAS A LA VUELTA DE LA ESQUINA

La parte occidental de la Amazonía que, incluye al Perú, es aún un gran ecosistema virgen. Pero allí también se encuentran grandes reservas de petróleo y gas, muchas de las cuales están aun sin explotar.

Sin embargo, la creciente demanda de hidrocarburos a nivel mundial está llevando a las empresas privadas a una exploración y explotación sin precedentes.

La exploración genera impactos, como la deforestación para instalar helipuertos y campamentos o construir vías de acceso.

“La explotación de petróleo y gas en la Amazonía ha causado significativos impactos ambientales y sociales. Los impactos directos incluyen la deforestación debido a la presencia de vías de acceso, plataformas de perforación y oleoductos; y contaminación debido a derrames de petróleo y descarga de agua contaminada” menciono Carlos Monge, Coordinador Regional para América Latina del Renueve Watch Institute.

A lo largo de los años, las consecuencias fueron visibles. Por ejemplo, el 2 de octubre del año 2000, Pluspetrol causó un accidente de muy seria consideración, en el que se derramaron 5,500 barriles. El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) calculó que el impacto ecológico en la zona sería de 20 años, por lo menos.

En el año 2003, una investigación de José Álvarez para el semanario Kanatari mostró un pequeño cementerio en la comunidad indígena Vista Alegre, en el alto río Tigre, donde se encuentran enterrados 21 niños, todos ellos afectados agravadas con la ingesta de pescado y agua, altamente contaminados con metales pesados vertidos por un pozo petrolero de la Occidental Petroleum Co en el Lote 39.

Por último, en 2010 se registraron en todo el país 1.711 incendios forestales, mientras la cifra anterior era de 968.

Infortunadamente, estos no son los únicos daños que han cometido en la Amazonía. La larga lista de accidentes y atentados contra el medio ambiente parece persistir, pero el actuar del Estado para requerir sanciones ha sido lento e ineficiente.

A pesar de ello, se ha sancionado, de las 290 sanciones impuestas ante Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), solo se ha podido cobrar 111. Esto debido a los largos y costosos procedimientos que se deben seguir.

LOTES DE PETROLEO CONSESIONADOS EN EL PERÚ