lunes, 20 de junio de 2011

En México los ciudadanos participan en la creación de una ley


Noticias de esta naturaleza nos recuerdan lo lejos que estamos del anhelado desarrollo. En la ciudad de Michoacán, en México, se ha convocado a la opinión pública para que participe, con sus apreciaciones y sugerencias, en la redacción de la Ley de Ciencia y Tecnología, recientemente propuesta en el congreso local de Michoacán. La norma, que sería promulgada a inicios del julio, buscará promover la investigación científica en dicha ciudad, facilitando recursos logísticos y económicos.

Si bien la convocatoria tiene un plazo de sólo quince días, la iniciativa es sumamente loable. El diputado Eduardo Sánchez Martínez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, creó un foro virtual para su cometido. El legislador opina que con esta novedosa apertura a la ciudadanía “se crea una ventana de oportunidad para mejorar la política pública en tema de ciencia y tecnología”.

Aquí debemos plantearlos, como país, dos interrogantes. La primera versa sobre a qué niveles de democracia debemos aspirar para lograr una feliz correspondencia entre el Estado y el pueblo. Quizá la propuesta de redactar una ley conjuntamente con la ciudadanía en Perú no sea lo más adecuado: nuestra sociedad aún no está preparada para tal paso. Recordemos, además, que esta política fue diseñada en el Congreso de Michoacán, y no en el de México.

Pero dicha experiencia igual debe obligarnos a mirarnos al espejo, pues aquí las condiciones democráticas son paupérrimas. Los sucesos en Bagua son el más fiel y reciente ejemplo. El Perú estaba comprometido internacionalmente a respetar lo establecido en el Convenio 69 de la Organización Internacional de Trabajo. Pero el Estado, en última instancia, violó lo acordado y el saldo fue de 33 muertos, entre policías y nativos. Noticias como las de México hacen pensar que en el país del norte jamás pasaría algo así.

La segunda interrogante, un tanto más obvia, está en relación a la preocupación mexicana por promover el área de la investigación científica y, en un plano más general, satisfacer necesidades específicas del pueblo. En vista de un problema, se crea una pronta solución, por más que el tema en el que esté contenido no sea de especial interés estatal. Los ciudadanos de Michoacán demandaron hace poco más de un año la creación de esta ley. Al respecto, Sánchez Martínez señala que “es de suma importancia que Michoacán cuente con una Ley de Ciencia y Tecnología, que siente las bases para que los ciudadanos profesionistas con proyectos e ideas para resolver problemas específicos de la entidad, puedan desarrollarlos”. Una rapidez de respuesta óptima, una actitud gubernamental presta a servir a los ciudadanos.

En nuestro país, a problemas que el Estado considera menores no se les presta ni siquiera oído. Ilustrador es el caso del apoyo al arte, en específico, al cine y la poesía.

Con la reciente modificación de la Ley del Cine, los pequeños logros conseguidos hace poco menos de dos años se vinieron abajo. De nada valió que una peruana haya resultado ganadora del prestigioso Berlinale.

Asimismo, al Estado tampoco le importa cuidar de sus poetas, aun cuando el Perú sea un país de poetas y esta sea la rama de nuestro arte que ostenta mayores reconocimientos internacionales. Muchos críticos de renombre han calificado nuestra poesía como la mejor de habla hispana. Pero los poetas aquí reciben el más mínimo incentivo económico y muchos de ellos se ven obligados a migrar a Europa o empezar a dedicarse a otra actividad, a diferencia de lo que sucede en Chile y el mismo México, países que promocionan becas de tres a seis años y ofrecen posibilidades múltiples de publicación.

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