El tema de los transgénicos y su comercialización en el Perú se remonta al año 1992, cuando el gobierno peruano incorporó a su legislación el Convenio sobre Diversidad Biológica que establecía como tema prioritario la biotecnología y su manejo racional, señalando la necesidad de reglamentar la seguridad de su uso. Ese mismo año se publicó la Ley N° 27104 que autorizaba el uso de los transgénicos en el país. Desde entonces, muchos peruanos tenemos sobre la mesa aceite de soya, salchichas, maicena y cereales transgénicos, sin estar informados completamente del tema.
El 11 de julio del 2005, el pleno del Congreso aprobó la ley de la Promoción de la Biotecnología Moderna (Ley N° 12033), propuesta por la congresista peruposibilista Doris Sánchez. La normativa se propuso como prioridad nacional el desarrollo de la biotecnología para impulsar la competitividad y el desarrollo económico del país. Es decir, ya no sólo se consumirían productos elaborados con semillas genéticamente modificadas, sino que se impulsaría su cultivo y producción.
Al no ser consultada a los principales gremios e instituciones del sector agrario sobre los riesgos y consecuencias que podría acarrear, fue objeto de numerosas críticas. Muchos especialistas consideraron que el reglamento que regulaba el ingreso y uso de los transgénicos en la agricultura fue dado sin definir una estrategia como país en lo referente al desarrollo agrícola y agropecuario. “El Perú no debería imitar a los países que consumen este tipo de alimentos modificados, ya que no necesariamente son buenos para el país" afirma el catedrático de la maestría en Agronegocios de ESAN, Juan José Gal'Lino. Respecto a quienes opinan que los cultivos transgénicos representan la solución a la falta de alimentos y la disminución de la producción nacional.
Biólogos, técnicos y expertos se han pronunciado sobre el proyecto, observando que este no contempla, por ejemplo, el hecho de que las universidades no cuentan con infraestructura ni financiamiento para la ingeniería genética (la promoción a la investigación no se lograría dentro del país) y que nuestros agricultores no podrían de comprar las semillas modificadas que podrían incrementar su productividad, debido a patentes que se lo impiden. Con esta dependencia económica, de lejos, los grandes beneficiarios serían las empresas transnacionales que monopolizan el mercado actual.
Por otra parte, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) indicó que los monocultivos transgénicos ponen en riesgo nuestra biodiversidad genética, y la gerencia del Consorcio Peruano del Agro (Coperagro) opinó que aún falta realizar más estudios de impacto antes de aprobar dicho reglamento, que además homogeneizará los cultivos.
Seis años después…
Estas últimas semanas, el tema volvió sobre el tapete debido a la promulgación del Decreto Supremo DS 003-2011, reglamento de bioseguridad, aprobado por el Ministerio de Agricultura el reciente 15 de abril. Este busca llenar el vacío legal de la ley de hace seis años, regulando el uso de los transgénicos en el sector Agricultura y supuestamente garantiza la biodiversidad, así como el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas.
A partir de esa fecha, la fiebre ocasionada por los organismos vivos modificados (OVM), conocidos como transgénicos, no hizo más que dispararse. Diversas organizaciones indígenas y de la sociedad civil exigieron al Gobierno la derogación inmediata del decreto, al considerarlo perjudicial para la agricultura orgánica y la biodiversidad del Perú. Además no dejaron de resaltaron el hecho de que aspectos como el riesgo inminente de contaminación genética de cultivos no son trantados en el mismo.
Incluso chefs, como Gastón Acurio han fijado una posición bastante clara: “La riqueza del Perú se encuentra en sus productos orgánicos, que son además, una vitrina valiosa para nuestros pequeños agricultores” y no en las toneladas de monocultivos transgénicos. Y es que nuestro país es el centro de origen de muchas especies vegetales, y no son pocos los que piensan que la siembra de OVM podría dejar de lado la siembra de productos nativos y provocar su contaminación y extinción.
El pleno del Congreso también se ha pronunciado sobre el tema, proponiendo abrir un debate para aprobar una moratoria (un retraso) de 15 años al ingreso de semillas transgénicas al territorio nacional, a pedido del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Washington Zeballos. Cada bancada ha demostrado tener posiciones encontradas, siendo la nacionalista, la única agrupación en mostrarse unánimemente en contra del ingreso de los OVM.
Y para alimentar la polémica, tenemos a los ministerios de Agricultura y Ambiente en reductos enfrentados: Mientras el primero ha dicho que la aprobación de la moratoria no haría más que traer represalias comerciales respecto a los acuerdos firmados con socios internacionales, el último considera que la prohibición general es necesaria.
Por lo pronto Lima, Ayacucho, San Martín, Huánuco, Loreto, Cusco y Lambayeque son algunas de las ciudades que se han declarado libres de transgénicos, reflejando el sentir de una amplia mayoría que rechaza el cultivo, la comercialización y el consumo de alimentos transgénicos y que ha hecho escuchar su voz de protesta en las movilizaciones organizadas.
El tiempo parece ir en contra de esta discusión, por lo que tendremos debates para rato en el siguiente gobierno. No estaría de más escuchar los pronunciamientos de los candidatos sobre sus posibles aspirantes a las carteras de economía, agricultura y medio ambiente sobre el tema.
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